El Tren Maya
y las extractivas
Existen 75 proyectos extractivos en el sureste mexicano que se beneficiarán con el Tren Maya porque abarata costos de movilidad, logística y transporte de personas y materia prima. El 70% de los ingresos del Tren Maya será por transporte de carga, especialmente de combustibles. Además, se unirá con el otro megaproyecto estrella de AMLO, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec conformando una red de infraestructura que busca hacer más eficiente la cadena de suministros y así promover la indutrialización, la hiperurbanización y la profundización del extractivismo. Todo esto con el objetivo de gestionar los territorios del sur para controlar el patrimonio natural de la región y también los flujos migratorios. Ambos proyectos conformarán un muro de contención y frontera extendida (serán “cortinas de desarrollo”). Como se ve en el mapa las empresas mineras, petroleras y energéticas nacionales y transnacionales serán las beneficiarias de este modelo de gestión territorial y de desarrollo del sureste impulsado por el gobierno federal y gestionado por los militares.
Empresas constructoras del Tren Maya
Las empresas beneficiadas para la construcción de la vía férrea que atravesará los estados de Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo son, para el Tramo 1, el consorcio LAMAT, creado por Mota-Engil junto con una de las mayores constructoras asiáticas, China Communications Construction Company LTD, involucrada en actos fraudulentos en Filipinas. El Tramo 2 es de CICSA, de Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim junto con la española FCC Construcción (Slim es accionista también). Esta última fue imputada en Panamá por actos de corrupción vinculados a Odebrecht. El Tramo 3 fue otorgado al consorcio Azvindi Ferroviario, creado por GAMI de Grupo Indi, de Manuel G. Muñozcano y Grupo Azvi, S.L. y su filial Construcciones Urales, S.A. de C.V. El Tramo 4 fue adjudicado a ICA de Bernardo Quintana. Los tramos 5, 6 y 7 están a cargo de la SEDENA que ha subcontratado a algunas empresas que ya participaban en la construcción del tren. La falta de transparencia es total en los tramos controlados por SEDENA ya que a cualquier solicitud de información la niegan argumentando cuestiones de seguridad nacional.
