El Tren Maya ha levantado fuertes cuestionamientos por las afectaciones que tendría en el medio ambiente, en el patrimonio histórico de la región y en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Este informe de investigación analiza el papel que juega este proyecto en el modelo de desarrollo que se quiere imponer en la región sureste del país y cuáles son los actores realmente beneficiados con su construcción.
La manera en que ha sido diseñado el proyecto del Tren Maya indica que la infraestructura de transporte público se pondrá al servicio de la inversión privada por sobre la protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas y el medio ambiente. En la investigación también se destaca la importancia que tendrá el Tren Maya como infraestructura básica para la industria energética en el sureste, dado que un tercio del transporte de carga del tren se destinará al transporte de combustibles fósiles.
La investigación concluye que el proyecto beneficiará a grandes empresas, carece de transparencia, ha afectado el derecho a la libre determinación de los pueblos y las comunidades y no ha cumplido con los estándares internacionales en materia de consulta indígena.
Todas las afirmaciones realizadas en este informe se fundamentan en información pública de Fonatur, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Presidencia de la República, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Para conocer el contexto actual de las asignaciones de proyectos de energía en la región sureste se usó información entregada por la Secretaría de Energía y la Semarnat vía la Pataforma Nacional de Transparencia. También se consultaron la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto y los documentos publicados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.