El megaproyecto del sur-sureste
El Tren Maya (TM) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) son parte de un megaproyecto que tendrá impactos en el entorno social y ambiental del sur-sureste para potenciar la industrialización y el flujo de mercancías. Su administración fue asignada a las fuerzas armadas (FFAA), para lo cual se constituyeron empresas de propiedad estatal con recursos del Ejército, que disponen de presupuesto público para la contratación de empresas privadas. Ambos fueron declarados como prioritarios y de seguridad nacional, aumentando los riesgos de abusos a los derechos humanos.
La vía al militar-Istmo
El 13 de abril de 2022 se creó la empresa de propiedad estatal Tren Maya S.A. de C.V. para administrar y operar el Tren Maya. 99% de las acciones corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el 1% al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. y cuyas ganancias serán destinadas al pago de pensiones de las FFAA. En la misma fecha se constituyeron otras empresas relacionadas con los servicios aeroportuarios cercanos al trayecto del TM. Estas empresas estarán controladas por la empresa Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V., todas incorporadas al sector de la SEDENA con la misma estructura accionaria.
Empresas militares contratan empresas privadas para las obras
Las actividades empresariales tienen impactos directos e indirectos en la vida de las personas, sus derechos humanos, la tierra y el territorio. Los Estados deben garantizar que las empresas respeten los derechos humanos, más aún cuando se trata de empresas de propiedad estatal. Este escenario se complejiza todavía más con la entrega del control de los proyectos a las FFAA. Uno de los mayores desafíos tiene que ver con la falta de debida diligencia en derechos humanos por parte de las empresas privadas y aquellas controladas por el Ejército Nacional.
Empresas millonarias, nula transparencia
En ocasiones las empresas (privadas y de propiedad estatal) llegan a generar ganancias comparadas a los ingresos de algunos Estados, por lo que su alto nivel de influencia puede ser aprovechado para su beneficio propio en detrimento de los derechos humanos. A partir del traspaso del CIIT y el TM a las FFAA la transparencia ha disminuido considerablemente. Lo anterior imposibilita que la ciudadanía tenga conocimiento de la manera en que son utilizados los recursos públicos, e impide que las comunidades afectadas estén informadas sobre el proyecto y, por consiguiente, puedan ejercer sus derechos. Esto ha llevado a que los contratos, los montos de los mismos y la manera en la que son adjudicados permanezca en la opacidad. (SAI 330026423004023)
Los contratos con empresas privadas ocultos por seguridad nacional
PODER solicitó información sobre los procedimientos de contratación para la construcción de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) en el CIIT. La información se reservó por 5 años bajo el argumento de que publicarla puede poner en riesgo la seguridad nacional porque “podría generar actos de sedición, motín, sabotaje y conspiración por parte de grupos subversivos o de intereses particulares”. El blindaje de los megaproyectos por el decreto que los declara prioritarios y de seguridad nacional ha dificultado el escrutinio público sobre el uso de los recursos por parte de las FFAA, lo que aumenta el riesgo de corrupción e influencia indebida en la toma de decisiones públicas y criminaliza a las personas que se oponen a los proyectos.
