Las actividades empresariales tienen impactos directos e indirectos en la vida de las personas, sus derechos humanos, la tierra y el territorio. Los Estados deben garantizar que las empresas respeten los derechos humanos, más aún cuando se trata de empresas de propiedad estatal. Este escenario se complejiza todavía más con la entrega del control de los proyectos a las FFAA. Uno de los mayores desafíos tiene que ver con la falta de debida diligencia en derechos humanos por parte de las empresas privadas y aquellas controladas por el Ejército Nacional.