Estragos en la península, lo que no se habla de la MIA del Tren Maya

Junio 30, 2020 • Claudia Ocaranza y Ricardo Balderas

El desplazamiento llegó primero que la información. El repunte de empresas inmobiliarias y la marginalidad urbana arribaron, al gran parte del sur de México, en búsqueda de espacios donde construir un paraíso para extranjeros y obtener mano de obra barata para el servicio. Al unísono, la presidencia de la República anunció la llegada de un tren. Los habitantes de la Península de Yucatán, región en la que radica uno de los grupos más numeroso de comunidades indígenas1 -Mayas, Tseltales, Ch’ols, Tsotsiles, entre otros- fueron sometidos a dos consultas plagadas de tropiezos. Ambas sucedieron en noviembre y diciembre de 2019 sin la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada. Hoy, jueves 30 de julio, se cierra el plazo para que organizaciones y comunidades envíen sus comentarios a la MIA, presentada apenas en el mes de junio. Es decir, las autoridades dieron sólo algunas semanas para leer y analizar las más de 1900 cuartillas que se hicieron públicas. Muchos de los anexos no son públicos.

Así fue que desde el día cero, el proyecto bandera de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el mal llamado Tren Maya, ya violentaba los procedimientos administrativos a los que por ley está sujeto para garantizar una consulta libre, previa e informada.2 Aunque ningún protocolo obliga a que las consultas a comunidades indígenas se hagan con la MIA presentada, el hecho de que ese documento no existiera al momento de las consultas, deja a las personas afectadas sin información completa. Por otro lado, para las consultas ambientales sobre la MIA, la información tampoco ha sido pública completamente. Hasta el momento, muchos de los anexos, a algunos de los cuales PODER tuvo acceso vía Méxicoleaks, son confidenciales.

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