En este informe de investigación analizamos hasta qué punto la construcción del Tren Maya ha sido respetuosa de los derechos humanos, tal como se ha afirmado por sus promotores, particularmente en lo que se refiere al derecho a la participación y la libre determinación de los pueblos y las comunidades indígenas potencialmente afectadas por el megaproyecto.
Concluimos que el proceso de consulta indígena no fue un ejercicio de participación efectiva sino un espacio de transacción que, dada las condiciones en las que se llevó a cabo, permitió al Gobierno construir una narrativa que destacó los beneficios del proyecto, eliminó cualquier impacto negativo y utilizó los derechos económicos, sociales y culturales como una forma de intercambio para la aceptación del proyecto.
Para este informe se revisaron todas las actas de las asambleas informativas y consultivas publicadas en el sitio web del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), los documentos entregados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el marco del procedimiento de consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental de los primeros tres tramos del Tren Maya y el documento de observaciones a la MIA presentados por PODER durante el procedimiento.